COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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Nada más falso que la función de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sea la de proporcionar justicia, entendida ésta en su dimensión ética, en todos aquellos casos sometidos a su consideración. Este tribunal mayor de resguardo de la constitución al menos en las últimas dos décadas ha sentenciado casos fuera de toda justicia y de la más elemental lógica para la sociedad mexicana como el anatocismo, la reforma constitucional en materia indígena, el proceso electoral 2006, Atenco, caso Marín–Cacho, la violencia de Ulises Ruiz, militarización de la seguridad pública, el fuero militar y el caso Acteal, por citar algunos de los más significativos.

Once ministros que viven como reyezuelos y que no se asumen como poder judicial y contrapeso a los otros poderes de la Unión, sino que a juzgar por su casta y “linaje” dan sentencias contra la población y contra la constitución.

Los 11 ministros de la Suprema Corte tienen un ingreso mensual de entre 138,587 y 347,496 pesos netos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019 y lo establecido en el Diario Oficial de la Federación.

Esta cantidad es siete a 17 veces superior al salario máximo mensual (20,000 pesos) del 83% (1.3 millones) de los funcionarios públicos del Gobierno federal, así como entre nueve y 113 veces el ingreso de los 42.1 millones de mexicanos que ganan de uno a cinco (de tres a 15.4 mil pesos) salarios mínimos mensuales, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Las resoluciones emitidas por la Corte en tales asuntos demuestran fehacientemente que, pronunciadas bajo formato de sentencia y utilizando lenguaje jurídico, tienen el mismo sentido objetivo que sendas decisiones políticas que al respecto ha tomado otro de los poderes: el Ejecutivo. Que en todos los casos ha existido un interés político–económico del grupo de élite, oligárquico, que se ha apoderado de las riendas del Estado mexicano y, mediante su uso, ejerce control absoluto sobre la vida social en nuestro país.

La tremenda “corte” declaró legal el anatocismo para favorecer al sistema bancario, avaló una reforma constitucional permisiva de la paulatina supresión de las relaciones indígenas de propiedad de la tierra, “legalizó” una elección de estado mediante el Tribunal Electoral, sus investigaciones dieron pauta para solapar la violencia de los gobernantes y avaló el castigo a la protesta social.

En su momento cuestionamos, la militarización de la seguridad pública impuesta por decreto del Ejecutivo federal, invocando el artículo 129 Constitucional que literalmente dice que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar; a este reclamo la Corte respondido que la presencia militar en labores de seguridad pública no viola la Constitución porque no se realiza en forma directa sino sólo de manera subsidiaria. Es decir que no hacen labor de policía, sino que ayudan a ésta. El efecto objetivo de esta resolución de la Corte es que la política militar del ejecutivo se mantiene.

Este aval de la corte, de la militarización de la seguridad pública generó en todo el país una enorme cantidad de denuncias de violaciones a los derechos humanos atribuidas a militares.

El caso de la matanza de Acteal, Chiapas, donde en ejercicio de una nebulosa facultad de atracción, la Corte se quita la toga de tribunal de control constitucional y se pone la de tribunal de legalidad para examinar los vicios de procedimiento tales como obtención de declaraciones falsas y fabricación de pruebas por parte de la Procuraduría General de la República, con base en los cuales determina que a los presuntos autores materiales del homicidio de indígenas no se les siguió debido proceso y ahora quedan libres.

Y el más aberrante caso de a quien verdaderamente sirven los “ministros”; después que el obispo de Mexicali, Isidro Guerrero Macías, aseguró que el Papa le echó una llamadita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para evitar la aprobación de la acción de inconstitucionalidad contra la ley que prohíbe el aborto en Baja California, el Vaticano, la Conferencia del Episcopado Mexicano y el ministro José Ramón Cossío negaron que esto haya sucedido, sin embargo la Corte sentencio en contra de la despenalización.

La designación de Yasmín Esquivel Mossa esposa del empresario amigo de AMLO, José María Rioboó causó polémica. La jurista fue señalada de ser un "ministro carnal" de la 4T. Ella es la presidenta de la segunda sala, junto con Luis María Aguilar Morales, Javier Laynez Potisek, José Fernando González Salas y Alberto Pérez Dayan, quienes fieles a su vocación contra el pueblo, resuelven en la contradicción de tesis 200/2020 que "legaliza" la ilegal aplicación de la Unidad de Medida y Actualización -UMA- para que las autoridades del ISSSTE realicen el cálculo del monto y pago de las pensiones para los jubilados y pensionados del país. "La UMA no puede aplicarse para determinar la cuota diaria o limitante de pago de una pensión por tratarse de prestaciones de naturaleza laboral regidas por el salario mínimo".

Está resolución se da en el marco de la pandemia y sus funestas consecuencias, en el marco de una de las mayores crisis económica del sistema capitalista y significa un despojo a los trabajadores al Servicio del Estado, en particular, a los jubilados, que conduce a precarizar aun un más las diezmadas condiciones de vida de más de un millón 200 mil compañeros, la mayoría personas mayores y con enfermedades propias de la edad y los años de trabajo.

Está gravísima situación es totalmente contraria con las políticas impulsadas por el gobierno del presidente López Obrador, cuando sostiene que "primero los pobres".

Los trabajadores de la educación en activo y jubilados de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, repudiamos la resolución de la 2a sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Exigimos a los ministros den marcha atrás a este vulgar atraco contra quienes después de más de treinta años de labor, deberían gozar de una pensión digna.

Demandamos al presidente de la República mayor sensibilidad política para ver y escuchar los justos reclamos de los jubilados y pensionados, exigimos su intervención expedita conforme a derecho e impedir que se consuma este atentado contra uno de los sectores más vulnerables de la sociedad mexicana.

Llamamos desde esta tribuna popular a los trabajadores en activo, jubilados y derechohabientes de las instituciones de seguridad social a unirnos, organizarnos y movilizarnos para impedir que estás políticas de corte neoliberal continúen lacerando los intereses de los más pobres, para enriquecer aún más a los señores

del gran capital.

UNIDOS Y ORGANIZADOS, ¡VENCEREMOS!

COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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